Gobierno de internet y soberanía digital

En la era digital, el control de internet se ha convertido en un campo de batalla geopolítico y económico. Estados Unidos, a través de corporaciones como Google, Apple, Facebook (Meta) y Amazon (conocidas como GAFA), ejerce un dominio que algunos califican de "imperialismo digital". Este poder se manifiesta en el control de infraestructuras clave —como los servidores y satélites de Starlink—, la recolección masiva de datos y la influencia sobre plataformas que moldean la opinión pública global. La dependencia tecnológica de muchos países, especialmente del Sur global, refleja una asimetría similar a la de los colonialismos históricos.

El imperialismo digital no solo es económico, sino también político. Ejemplos como el espionaje de la NSA a aliados como Alemania y Francia, o la injerencia en procesos electorales mediante algoritmos y desinformación, muestran cómo la tecnología se usa para consolidar hegemonía. Las Big Tech, con sede en Silicon Valley, operan como actores trasnacionales que desafían la soberanía de los Estados, imponiendo condiciones que van desde la fiscalidad privilegiada a la censura selectiva.

Frente a esto, surgen esfuerzos por construir soberanía digital. La Unión Europea ha impulsado regulaciones como el GDPR para proteger datos, mientras países como China promueven alternativas locales (como las BAT: Baidu, Alibaba, Tencent). En América Latina, la falta de infraestructura propia —como fibra óptica— y la dependencia de plataformas como WhatsApp para el comercio informal revelan vulnerabilidades. El apagón de Facebook en 2021 dejó pérdidas millonarias y expuso esta fragilidad.

La batalla por la gobernanza de internet también se libra en organismos como ICANN, históricamente controlado por EE.UU. Aunque hubo intentos de internacionalizar su gestión, persisten tensiones entre un modelo multiparticipativo y otro centralizado. Mientras, iniciativas como el software libre o proyectos descentralizados (ejemplo: FreedomBox en India) buscan devolver el control a los usuarios, evitando la monopolización corporativa.

Sin embargo, el riesgo de fragmentación es real. La eliminación de la neutralidad de la red en EE.UU. bajo la actual administración aceleró la posibilidad de una internet dividida en "bloques" (occidental, chino, europeo), donde cada uno impone sus reglas. Esto amenaza la naturaleza abierta de la red y profundiza desigualdades, especialmente en regiones con menos capacidad tecnológica.

La solución requiere cooperación global y políticas audaces. Desde leyes antimonopolio hasta el fomento de infraestructuras locales, los Estados deben equilibrar innovación con derechos digitales. Como advierten académicos, el colonialismo digital no se supera con rechazo a la tecnología, sino con modelos alternativos que prioricen equidad y autonomía. La pregunta clave es quién definirá el futuro de internet: ¿los gigantes tecnológicos, los gobiernos o la sociedad civil? La respuesta marcará el rumbo de nuestra democracia en el siglo XXI.