Ingeniería Social y la Evasión Fiscal: Un Análisis para Profesionales

La ingeniería social no solo se aplica en ciberseguridad, sino también en el ámbito tributario, donde ciertos grupos moldean percepciones para justificar o normalizar la evasión de impuestos. Grandes corporaciones, fortunas personales e incluso influencers utilizan narrativas como "optimización fiscal" o "el Estado malgasta los recursos" para reducir su carga impositiva. Estas estrategias, aunque a veces legales, erosionan la recaudación y trasladan la responsabilidad a contribuyentes de menores ingresos.

Entre las técnicas más usadas destacan: la subdeclaración de ingresos, el uso de paraísos fiscales, facturas falsas y la creación de estructuras empresariales opacas. En el caso de los influencers, muchos reciben pagos en criptomonedas o mediante empresas offshore, dificultando su rastreo. Según la OCDE, la evasión fiscal global supera los $427 mil millones anuales, afectando especialmente a economías en desarrollo que dependen de estos recursos para educación, salud e infraestructura.

Empresas tecnológicas y redes sociales facilitan, consciente o inconscientemente, la evasión. Muchos influencers operan bajo esquemas de "colaboraciones" no declaradas, mientras que gigantes como Amazon o Google usan mecanismos de transferencia de ganancias a jurisdicciones con baja tributación. La falta de transparencia en pagos digitales permite que millones en impuestos se pierdan cada año, sin que las autoridades fiscales puedan actuar con eficacia.

La evasión fiscal no es un delito sin víctimas: reduce el financiamiento de servicios públicos esenciales, aumenta la desigualdad y debilita la confianza en el sistema. Mientras las grandes fortunas pagan tasas efectivas mínimas, la clase media y los pequeños empresarios soportan una carga desproporcionada. En América Latina, se estima que la evasión supera el 6% del PIB, lo que equivale a decenas de miles de millones de dólares que podrían invertirse en educación superior, investigación y desarrollo.

Algunos países han implementado medidas como el intercambio automático de información financiera (CRS), leyes contra el abuso de paraísos fiscales y sanciones más duras para evasores. Chile, por ejemplo, ha intensificado la fiscalización a influencers y profesionales independientes. Sin embargo, la cooperación internacional sigue siendo insuficiente, y muchos evasores aprovechan vacíos legales para mantener sus estrategias.

La solución no solo depende de los gobiernos, sino también de un cambio cultural. Profesionales, empresarios y figuras públicas deben entender que pagar impuestos no es un "robo", sino un mecanismo de redistribución que sostiene el Estado de derecho. La educación financiera y la transparencia en las transacciones digitales son clave para cerrar las brechas. Solo así se podrá construir un sistema tributario justo, donde la ingeniería social no sea sinónimo de evasión, sino de responsabilidad colectiva.