La Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica en Perú: Situación Actual y Futuro

La Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO), inaugurada en 2016, fue concebida como un proyecto emblemático para reducir la brecha digital en Perú, con una inversión inicial de US333millones y una extensión de 13,500 km de fibra óptica destinada a conectar 22 capitales regionales y 180 capitales de provincia. Sin embargo, a casi una década de su implementación, el proyecto enfrenta graves problemas de subutilización, y operando apenas con la competencia de operadores privados como Telefónica, Claro y Bitel —que cuadruplican su cobertura— han limitado su adopción, generando pérdidas millonarias para el Estado.

El fracaso del modelo de concesión a Azteca Comunicaciones (resuelto en 2021 por "interés público") evidenció errores de diseño, como la falta de flexibilidad tarifaría y la superposición con redes privadas. Actualmente, la RDNFO es administrada por PRONATEL, pero los intentos de contratar un operador temporal han fracasado en cuatro ocasiones, debido a la falta de interés y restricciones presupuestarias. Mientras tanto, el Estado ha destinado US$265 millones entre 2015-2020 para mantener una infraestructura que no cumple su propósito original.

Para revitalizar el proyecto, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) propuso en 2023 integrar la RDNFO con 18 redes regionales, sumando 23,818 km de fibra, y flexibilizar tarifas. No obstante, persisten dudas sobre su viabilidad, dado que operadores como Internexa y Telefónica dominan el mercado mayorista en 21 departamentos, relegando a la RDNFO a un papel marginal. Además, analistas sugieren dividir la red en segmentos con ventajas comparativas, licitándolas por separado, en lugar de mantenerla como un bloque único.

El futuro de la RDNFO depende de su adaptación a un mercado dinámico. Expertos plantean dos caminos: 1) Integrarla con redes regionales para evitar duplicidades y reducir costos, o 2) Priorizar su uso en zonas sin cobertura privada, enfocándose en poblaciones rurales. Sin embargo, críticos señalan que las redes regionales —con inversiones superiores a US$1,500 millones— ya cubren gran parte de la demanda, lo que cuestiona la necesidad de mantener la RDNFO.

Resumiendo, la RDNFO simboliza tanto el potencial de la infraestructura pública como los riesgos de su mala planificación. Su rescate requiere reformas regulatorias audaces, como tarifas competitivas y alianzas con operadores pequeños, pero también un debate transparente sobre su rentabilidad social frente a alternativas más eficientes. En un país donde solo el 10.1% de los hogares rurales tiene internet fijo, el desafío no es solo técnico, sino político, para garantizar que la conectividad sea un derecho y no un privilegio.